Hasta el 10 de mayo de 2006 Colombia figuraba como uno de los cinco países de América Latina, junto con Chile, El Salvador, República Dominicana y Honduras, que penalizaba el aborto en todos los casos. En el año 2004, la abogada Mónica Roa de la organización Women’s Link Worldwide promovió en Colombia el proyecto LAICIA (Litigio de alto impacto: la inconstitucionalidad del aborto en Colombia). Como resultado de esta demanda y de las acciones de todos los sectores mencionados, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, que considera el aborto como un problema de salud pública, de DDHH y de equidad de género y en consecuencia lo despenaliza para las causales de malformación fetal, riesgo de vida para la madre y embarazo por violación sexual.
derecho al Aborto en Mexico
La sentencia arriba mencionada implica un proceso de sensibilización social, pero sobretodo, de compromiso político del Estado colombiano en aras de superar los múltiples obstáculos por parte de los objetores del aborto.
Un año después de haberse conocido la Sentencia y luego de que el Ministerio de Protección Social emitiera la reglamentación sobre la misma, “las empresas promotoras de salud reportaron la práctica de solo 40 interrupciones de embarazo, especialmente por violación y malformaciones genéticas de los fetos durante el año 2007, lo que entre otras cosas, nos muestra que aún no se había comprendido el alcance del fallo y se seguían poniendo barreras para que las mujeres no accedan a este derecho; el reducido número de casos atendidos bajo lo contemplado en la sentencia, evidencian esta problemática y peor aún, se trata de ocultar la realidad de otras múltiples causales de aborto que todavía no ha contemplado la ley y que constituyen una preocupante situación de salud pública y de derechos humanos.
Las estadísticas de aborto en Colombia en 2005 eran las siguientes: El aborto era la segunda mayor causa de mortalidad entre las mujeres, se realizaban 300-400.000 abortos en condiciones inseguras. El aborto se encuentra entre las mayores causa de mortalidad entre las mujeres: Tasa Mortalidad Materna: 104.9/100.000 NV.
Hoy en día, para abortar, una mujer se encuentra ante las siguientes opciones: primero podría viajar a algún país donde el aborto sea legal y pagar por el procedimiento, posibilidad para privilegiadas; también puede acudir a una clínica clandestina donde le cobrarán entre $ 300.000 y $600.000, opción otra vez para privilegiadas; puede consultar en Google y comprar pastillas por Internet, sin supervisión médica y arriesgando su vida o puede usar los instrumentos que encuentre a su alcance y atentar contra su salud.
Hay desconocimiento de la sentencia de la Corte. Muchos médicos acuden a la objeción de conciencia (están en todo su derecho) pero no remiten a la paciente a otro médico menos metafísico y los jueces por su parte aducen la misma objeción o demoran el fallo hasta que sea demasiado tarde. Cuando una mujer se ve enfrentada a abortar, no es fácil que tome la decisión de interrumpir el embarazo porque es traumática, y después de que lo ha decidido se encuentra con maltrato, discriminación, demora y excesivos requisitos.
Incluso el aborto legal es en Colombia muy complicado, abortar legalmente en Colombia es tan complicado que ni siquiera el POS (Plan Obligatotio de Salud) cubre todos los medicamentos necesarios para la interrupción del embarazo. Colombia carece de una política de prevención de embarazo no deseados. De ahí que una de cada tres mujeres embarazadas haya tenido uno o más abortos. El embarazo en adolescentes es de 20.5%. Las mujeres en Colombia reclaman una ley del aborto que equipare los derechos fundamentales de la mujer colombiana a los que ya tienen las mujeres en países como España, Inglaterra, Francia, Alemania, USA, Mexico, Cuba, Puerto Rico, Holanda, etc.
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