Pese al rechazo de la Iglesia católica, la Corte Suprema de Justicia resolvió que no puede impedirse a las víctimas de una violación ejercer su derecho a interrumpir su embarazo.
Entre 500 mil y 700 mil mujeres abortan cada año en Argentina. Entre 80 y 100 mueren al año, en su mayoría jóvenes y pobres.
El máximo tribunal falló por unanimidad que no puede impedirse a las víctimas de una violación ejercer su derecho a interrumpir el embarazo y que los médicos «en ningún caso» deben requerir autorización judicial previa. Agrega que debe practicarse el aborto sólo con la presentación de una declaración jurada de la víctima o de su representante legal en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
El aborto está prohibido en Argentina, salvo si hubiera peligro para la vida de la madre o fuera el resultado de la violación de una mujer con capacidades mentales disminuidas. En ambos casos para ser practicado es necesaria una autorización judicial.
La Corte Suprema dijo que con este fallo apunta a poner fin a una interpretación restrictiva de un artículo del Código Penal que establece que el aborto no sería un acto digno de castigo «si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente». Muchos jueces se negaban a autorizar abortos en otros casos, incluso en los de violación de menores.
Además, los magistrados recordaron que «los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico».
Según la campaña nacional por un aborto legal, seguro y gratuito, entre 500 mil y 700 mil mujeres interrumpen su embarazo cada año en Argentina.
«Este fallo de la corte le pone fin a la constante violación que muchas mujeres pobres han sufrido y sufren al no poder acceder a un aborto legal por las demoras y las negativas de quienes tienen el deber de garantizarlo», expresó la diputada Silvia Augsburger, autora de un reciente proyecto de ley de legalización del aborto que no prosperó en el Congreso.
En la mayoría de los países de América Latina el aborto está permitido sólo en caso de violación o de incompatibilidad con la vida de la madre o del feto. En Cuba el aborto es legal, al igual que en Ciudad de México y España.
En Uruguay la despenalización fue aprobada en diciembre por el Senado y aguarda la aprobación de la Cámara de Diputados.
A partir de este fallo en Argentina, una mujer violada podrá practicarse un aborto sin necesidad de denuncia policial ni prueba de la violación.
La Corte Suprema admitió que la falta de estos requisitos puede dar lugar a «casos fabricados», pero consideró que «el riesgo derivado del irregular obrar de determinados individuos (…) no puede ser nunca razón suficiente para imponer a las víctimas de delitos sexuales obstáculos que vulneren el goce efectivo de sus legítimos derechos o que se constituyan un riesgo para su salud».
