En México, el acceso a la planificación familiar entre indígenas enfrenta un rezago dos veces mayor que entre la población no indígena. A pesar de los esfuerzos públicos por garantizar el acceso a la planificación familiar en todo el país, las mujeres indígenas continúan presentando una tasa de maternidad temprana y fecundidad acumulada mayor. Esto se debe a factores culturales, de discriminación, pobreza y fallas estructurales en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Históricamente las mujeres indígenas han presentado tasas de fecundidad más altas que el resto de la población femenina. Esto se ha relacionado con una supuesta resistencia al cambio en relación al a la salud reproductiva y la planificación familiar entre indígenas.
Sin embargo, las cosas han cambiado, mientras que en 1960 en comunidades indígenas las mujeres tenían más de 7 hijos promedio, actualmente según la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (Enadid) 2014, el promedio oscila en los 2.5 hijos por mujer. Apenas por encima de los 1,6 hijos por mujer no indígena, lo cual nos permite reconocer un cambio.
El acceso a métodos de planificación familiar entre indígenas: un tema pendiente
El acceso a información acerca de los métodos anticonceptivos y en general, de salud sexual y reproductiva es aún muy limitado en regiones indígenas. Esto aumenta el riesgo de un embarazo no deseado. De acuerdo a la Enadid el 52,6 por ciento de las mujeres hablantes de lengua indígena de entre 15 y 49 años no utilizaron ningún método anticonceptivo, por desconocimiento, en su primera relación sexual. Esta cifra nos permite advertir lo grave del problema y las carencias en materia de educación sexual
Para aquellas mujeres que conocen y desean utilizar métodos anticonceptivos el camino tampoco es fácil, pues los servicios de salud presentan grandes barreras para las mujeres indígenas: algunos se encuentran muy alejados de sus comunidades, no cuentan con traductores y el personal reproduce prácticas discriminatorias.
Estos factores, sumados a las carencias de los centros de salud en comunidades indígenas, generan una demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar entre indígenas. Se ha registrado que alrededor de un 21.5 por ciento de mujeres indígenas que quisieran evitar un embarazo o postergarlo no tienen acceso a la anticoncepción y deben enfrentarse a un embarazo no deseado.
Aunado a lo anterior, la mayoría de las mujeres indígenas no pueden acceder a un aborto legal y seguro. Los marcos normativos de sus entidades no lo permiten y en muchas ocasiones no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a la Ciudad de México. Esto las orilla a arriesgar sus vidas en abortos clandestinos o a continuar con un embarazo no planeado.
Los roles de género tradicionales limitan la planificación familiar
Es un hecho que las condiciones de marginación, exclusión y pobreza, que enfrentan los pueblos indígenas obstaculizan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, existen factores culturales que incrementan esta problemática: los roles tradicionales de género que definen a las mujeres como incapaces de tomar sus propias decisiones; la violencia hacia las mujeres indígenas; la desigualdad entre mujeres y hombres; la estigmatización de la sexualidad y el no reconocimiento de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y el número de hijos que desean tener.
Se requieren programas de salud con perspectiva intercultural
Afortunadamente, en la actualidad las mujeres indígenas están cuestionando estas barreras ya sea de forma individual o en organizaciones que promueven el reconocimiento de sus derechos. Además, sus acciones toman en cuenta sus culturas por lo que son agentes de cambio muy importantes.
Para garantizar el acceso a la planificación familiar entre indígenas se requieren programas de salud que reconozcan la diversidad cultural existente en el país, así como las ideas y prácticas en torno a la salud y la sexualidad de cada pueblo indígena. No debe olvidarse que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho a la salud desde sus propias perspectivas, por lo que es un reto para las instituciones de salud garantizar dichos aspectos.
