México, DF.
Durante la mesa redonda “Balance y seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW en materia de derechos reproductivos de las mujeres”, realizada en el Museo de la Mujer en esta capital, especialistas en el tema afirmaron que el próximo gobierno encabezado por el tricolor tiene la obligación de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo en México.
El pasado 17 de julio México fue evaluado en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, durante la 52 sesión del Comité de Expertas de esa instancia de la ONU, que emitió al respecto más de 50 recomendaciones a nuestro país.
Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, recalcó que la administración entrante está obligada a cumplir tales recomendaciones. “No se trata de que quiera o no, es su obligación”; la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH) lo dice de manera clara, subrayó.
Las especialistas afirmaron que la reforma constitucional de DH, realizada en junio de 2011, establece dicha obligatoriedad, y a su vez reconoce que las personas gozarán de las garantías consagradas en los tratados internacionales.
Ximena Andión, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en materia de salud sexual y reproductiva el Comité de la CEDAW formuló recomendaciones específicas, como armonizar las legislaciones federales y estatales relacionadas con el derecho al aborto, para eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a él plenamente.
Las expertas de la CEDAW ordenaron al Estado mexicano asegurar que en todas las entidades federativas las mujeres cuyos casos no entren en las causales legales de aborto puedan acceder a servicios seguros de salud.
Además debe garantizar la correcta aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para la prevención y atención de la violencia familiar y sexual contra las mujeres, en particular lo referente al acceso de las mexicanas víctimas de violación a la anticoncepción de emergencia, el aborto y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y el VIH/Sida.
Ximena Andión agregó que otra de las recomendaciones de la ONU es la de informar al personal de salud y a las y los trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no derogan las causales para el aborto legal.
De 2008 a 2011, el PRI, en contubernio con el PAN y la jerarquía católica, realizó 17 reformas constitucionales en los estados para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, y criminalizar así a las mujeres que abortan.
GIRE precisó que para dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de la CEDAW no necesariamente se tendrían que derogar esas reformas, sino más bien impulsar la despenalización del aborto en estas entidades.
Gloria Ramírez precisó que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité, las cuales deberán ser impulsadas y realizadas por la Secretaría de Gobernación.
Fuente: CIMAC