Las mujeres de Puebla ocupan el tercer lugar entre las mujeres que abortan en las clínicas de interrupción legal del embarazo del sistema público de salud de la CDMX. Esto refleja que mantener la penalización aborto no impide que las mujeres aborten, sino que obstaculiza el camino a ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y vulnera a las más pobres.
Según datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, cada tres días una mujer poblana acude a la Ciudad de México a realizarse un aborto legal y seguro. Según estas estadísticas, durante el periodo de abril de 2007 al 31 de mayo de 2019, mil 314 mujeres de Puebla fueron atendidas para esta práctica. Hay que tomar en cuenta que estas son solo cifras de las clínicas ILE públicas, si se analizarán los datos de las clínicas privadas, este dato seguramente aumentaría considerablemente.
Esta cifra coloca al estado de Puebla en tercer lugar entre las mujeres que recurren a los servicios de interrupción legal del embarazo en CDMX, solo por debajo de las residentes del DF y del Estado de México. Sin duda, esto se debe a la cercanía de Puebla con la capital, lo cual permite que mujeres de esta entidad puedan recurrir a estos servicios a pesar de la prohibición del aborto en su estado.
En Puebla el aborto está prohibido, por eso se viaja a CDMX para la ILE
Sin embargo, esto no implica que sea sencillo para ellas. Una mujer que acude a abortar a la CDMX desde Puebla, gasta entre 1200 y 5200 pesos, dependiendo de los gastos de transportación y el tipo de clínica que elija. Es decir, aunque en las Clínicas ILE de la Secretaría de Salud, el servicio sea gratuito para todas las mujeres sin importar de donde vengan, el traslado y la estancia tendrá costos para las poblanas.
Se debe considerar que uno de los requisitos es acudir acompañada, por lo que hay que contemplar pasaje para dos personas si no tiene conocidos en la CDMX, además, considerando que es necesario llegar a las clínicas públicas alrededor de las 6am, si la mujer viaja desde un lugar alejado, tendrá que considerar hospedaje y alimentos.
En las clínicas privadas, se atiende por sistema de citas, por lo que podría trasladarse el mismo día y al finalizar la intervención volver a casa, además en caso de ser mayor no es requisito acudir acompañada. No obstante, deberá cubrir el costo del procedimiento que en su versión más económica está en $1000.
Prohibir el aborto no hace desaparecer la necesidad de abortar
Puebla es un estado con altos índices de marginación y donde gran parte de la población vive en pobreza extrema o moderada. Por lo tanto, cubrir estos costos puede resultar imposible para gran parte de las poblanas. Considerando que la legislación actual criminaliza el aborto, salvo cuando se trata de una violación, de riesgos para la salud o para la vida de la mujer, gran parte de las mujeres de Puebla que han decidido interrumpir un aborto, se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros y con ello a arriesgar su salud.
Según el Diario El Sol de Puebla, de 2006 a 2017 se han presentado 55 denuncias, 37 juicios, 13 sentencias y 5 personas han sido recluidas en prisión por cargos de aborto. Y esta entidad es una de las 7 con penas más duras para las mujeres juzgadas por abortar.
Resulta indignante, que ante este panorama, legisladores se resistan a reformar la legislación y continúen criminalizando a las mujeres que abortan. Más indignante aún es que legisladores aseguren que es momento de centrarse en cosas más importantes o que se manifiesten en contra de las reformas del sistema penal, que han transformado las penas punitivas por trabajo comunitario para las mujeres que abortan.
Pero lo peor, es que diputados de la entidad aún se atrevan a pronunciar dichos como el ya afamado “hay que pensar antes de abrir las piernas” pronunciado por Héctor Alonso Granados, diputado de Morena, como argumento para no legislar a favor del aborto. Estas afirmaciones, responsabilizan a las mujeres exclusivamente de los embarazos no deseados, estigmatizan el aborto y buscan eximir al Estado de su responsabilidad para garantizar el acceso a la salud y al ejercicio de los derechos de las mujeres.
