El presidente Mauricio Funes de El Salvador debería garantizar que una mujer, que corre un riesgo significativo de muerte si lleva a término su embarazo, pueda obtener un aborto sin sanción penal, dijo Human Rights Watch hoy en una carta dirigida a Funes.
La mujer, “Beatriz”, un seudónimo para proteger su identidad, sufre graves problemas de salud, según los informes médicos de sus doctores, y está embarazada de un feto anencefálico que no podrá sobrevivir a la infancia. Obligarla a continuar con el proceso de gestación viola sus derechos humanos fundamentales, incluido el derecho a la vida y a la salud, señaló Human Rights Watch.
“El presidente Funes debe tomar medidas inmediatas para que Beatriz pueda terminar con este embarazo, que pone en grave riesgo su vida”, dijo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Tres sonogramas independientes llevados a cabo por el Hospital Nacional de Maternidad, los días 12 y 21 de marzo de 2013, mostraron que “Beatriz”, una madre de 22 años con un hijo, está embarazada de un feto anencefálico. Un bebé que nace con este trastorno carece de una parte esencial del cerebro, lo cual casi siempre conduce a la muerte del infante en cuestión de horas o días después del parto, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Además, los médicos de Beatriz temen que pueda sufrir una hemorragia, preeclampsia grave (una enfermedad que es una de las principales causas de muerte materna) y una posible insuficiencia renal debido a sus condiciones médicas preexistentes, incluyendo lupus, una enfermedad autoinmune.
El 22 de marzo, los abogados del Hospital Nacional Especializado de Maternidad solicitaron el permiso del gobierno para llevar a cabo un aborto en su caso, ya que los médicos creen que hay una “fuerte probabilidad de muerte materna” y el feto no es viable.
El Salvador prohíbe totalmente el aborto, sin excepción, lo que pone a Beatriz y cualquier médico que lleve a cabo este procedimiento en riesgo de procesamiento penal.
En 2012, Beatriz tuvo un embarazo de alto riesgo debido a condiciones médicas preexistentes. Un resumen de su historial médico revela que tuvo que someterse a una transfusión de sangre y, finalmente, una cesárea de emergencia debido a un severo cuadro de preeclampsia agravado por el Lupus.
El fiscal general ha señalado que la prohibición penal sobre el aborto de El Salvador se aplicará si Beatriz se somete al procedimiento. La pena es de hasta 50 años de prisión para la mujer y de hasta 12 años para el médico que lleva a cabo el procedimiento. La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Beatriz de amparo constitucional. Con cada semana que pasa, el embarazo representa un mayor peligro para Beatriz. La joven ya suma más de 22 semanas de gestación.
El 29 de abril de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Beatriz, solicitándole al gobierno de El Salvador que adoptara la recomendación de la comisión médica del Hospital Nacional de Maternidad dentro del plazo de 72 horas tras recibir la carta de la comisión.
Sin embargo, dos semanas más tarde, el gobierno de El Salvador no ha actuado. Funes debería asegurarse de que su gobierno cumpla con las medidas, señaló Human Rights Watch.
“Los médicos de Beatriz deberían tener permiso para administrar medidas para salvar su vida sin temor a ser procesados”, señaló Vivanco.
Fuente: Human Rights Wacht