En Guatemala, como en Centroamérica, existe una pésima difusión de la salud sexual y reproductiva; casi es nula la difusión del uso de métodos anticonceptivos y de planificación familiar. La incidencia de abortos clandestino en Guatemala, en donde se estima (a falta de investigaciones veraces y exhaustivas) que de cada 100 guatemaltecas, 10 mueren a causa de un aborto practicado en condiciones clandestinas. En el contexto guatemalteco (centroamericano, al fin), es bien consabido que las mujeres deben tomar la decisión de practicarse un aborto, sea legal o ilegal. Esa es la realidad guatemalteca. El Gobierno, por su lado, ha actuado de manera en extremo conservadora y tajante (aunque no irracional, como en el caso de Nicaragua) respecto al tema del aborto, permitiéndolo, sólo cuando la vida de la madre está en peligro.
Habría que replantear las figuras legales bajo las cuales se considera que la vida una mujer, una madre, está en peligro o no. Aunado a esto, las consecuencias en corto, mediano y largo plazo para las mujeres y la manera en la que su sociedad las encara son las grandes controversias en cualquier lugar que se suscite este tema. La polarización en dos grupos: los que están a favor de la vida y los que están a favor de la elección. Los últimos, avocados a redefinir esas figuras legales en las que son las mujeres, las únicas a quienes les concierne, la naturaleza de su decisión sobre el aborto. Los primeros, afirmando que en el momento de la concepción ya está investido por todos los derechos humanos, mismos que los Estados están condicionados a garantizar, en su mera esencia.
Las implicaciones socioculturales de un embarazo no deseado, en realidad, condicionan las garantías individuales de estas mujeres en teoría que si bien, están protegidas por su gobierno, quedan a merced de su contexto socioeconómico desventajoso, del cual no pueden escapar y al cual, el Estado, poco o nada hace para mejorar. La misma ilegalidad del aborto coarta a cualquier médico a que lo practiquen en total observación de su ética laboral. En Guatemala, en un futuro inmediato, no se ve ningún cambio respecto este tema del aborto (y las muertes femeninas relacionadas con él). Queda exigir, entonces, que las autoridades reconsideren las políticas sociales de salud, mejorarlas para una población guatemalteca que las requiere sin mayor preámbulo. Educación temprana en todos los temas a la salud sexual y reproductiva, era, es y será, la única manera en la que el Estado puede salvaguardar la integridad (en todo sentido) de las mujeres guatemaltecas despojadas, precisamente, de sus derechos esenciales.
