El informe redactado por la PDDH (Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) recomienda que se asegure a niñas y adolescentes el acceso a programas educativos, para acabar con la discriminación sexista, así como brinda el diálogo sobre la despenalización del aborto en EL Salvador.
Haciendo eco del llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de abrir un diálogo nacional con todos los sectores del país sobre la legislación que penaliza el aborto, la Procuraduría para la Defesa de los Derechos Humanos (PDDH) ha instado a El Salvador a iniciarlo.
David Morales, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, advierte que, el Estado tiene obligaciones específicas en materia de derechos sexuales y reproductivos y ha recibido recomendaciones de los órganos internacionales de protección que emanan de los tratados, para proteger a la niñez de los embarazos que cada vez son más altos y que colocan a El Salvador como el tercer país latinoamericano y del Caribe que tiene la tasa más elevada en esta materia.
Morales explica que los temas como, la despenalización del aborto, derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos a la población LGBTI, entre otras ratificaciones de la OP CAT y el Estatuto de Roma, junto al Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, están pendientes a ser revisados y tomados en cuenta por parte de la legislación salvadoreña.
“El Salvador aún está con un alto déficit para ratificar algunos Derechos Humanos, lo que significa un retroceso en relación al proceso que el país adoptó en el primer ciclo del examen universal hecho en 2010”, abona David Morales.
Situación del aborto en El Salvador
La PDDH entregó este mes pasado, un informe especial sobre la salud sexual y reproductiva en la que se hacen recomendaciones que van desde dialogar sobre la legislación del aborto, hasta la intensificación de campañas de prevención en favor de las niñas y adolescentes.
“Hemos evaluado el cumplimiento o incumplimiento y este día presentamos el informe con sus resultados con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas”, dijo Morales.
Para el funcionario es preocupante que solo en 2013 más de 28 mil niñas y adolescentes entre 10 y 19 años resultaran embarazadas; el censo de población de 2007 dice que 55 mil niñas y adolescentes entre 12 y 19 años tenían para entonces un estado conyugal diferente a la soltería; eso es una violación a su derecho a una vida libre de violencia, reclamó el Procurador.
La cadena de violaciones que padecen se inicia con el abuso sexual y continúa con un embarazo y parto prematuros y esto se suma muchas otras violaciones de sus derechos humanos por la discriminación en sus hogares, comunidades y escuelas, además de enfrentar el riesgo de fallecer durante el parto, en relación con una mujer de 20 años.
Según Morales, la penalización absoluta del aborto en el Salvador también genera consecuencias nefastas para la niñez, “pero la PDDH no está a favor ni está pidiendo la legalización del aborto”, aclaró Morales.
No obstante, considera que en situaciones extremas como casos de niñas de 10 o 12 años cuya vida peligraría con un parto, o en casos de violaciones e incestos se debe considerar la posibilidad de aborto, dice el funcionario.
Morales aseguró que si bien es cierto el Estado salvadoreño está avanzando por respetar los derechos de la sociedad, aún existen causas estructurales como el tema de la violencia, la falta de compromiso por prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la niñez. Son estos los principales hechos que destacan como los compromisos que debe asumir y corregir el Consejo de Derechos Humanos de El Salvador.
A partir del 2014 El Salvador es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por lo que se convierte en un mecanismo importante porque a través de ello existe un diálogo en conjunto con otros Estados del mundo, quienes se comprometen en defender y promocionar los Derechos Humanos a nivel internacional.
Por eso mismo, el informe especial recomienda que se asegure a las niñas y adolescentes el acceso a programas educativos, que haya más campañas del Ministerio de Salud para la salud sexual y reproductiva, que haya capacitación de operadores de justicia, pues aquí hay tratamiento discriminatorio y sexista en los casos judiciales.
