En medio de protestas, diputados locales votaron en contra de la iniciativa presentada para la despenalización del aborto en Veracruz. Con esto, se vulneran los derechos de las mujeres y el Estado veracruzano desacata las recomendaciones emitidas para evitar una segunda alerta de violencia de género contra las mujeres.
Este viernes 22 de septiembre, las comisiones permanentes Unidad de Justicia y Puntos Constitucionales, Para la igualdad de Género y Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables rechazaron la incitativa presentada el pasado 27 de julio por Tanya Carola Viveros Cházaro, del grupo legislativo de Morena.
Con la asistencia de tan solo 27 de los 50 diputados locales y ante protestas de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres el congreso de Veracruz votó en contra de la iniciativa para ILE en Veracruz hace un par de meses. El dictamen se hizo asegurando que la propuesta resulta inconstitucional, pues la constitución veracruzana considera al embrión sujeto de derechos desde el momento de la concepción.
La propuesta de despenalización del aborto en Veracruz era parte de las recomendaciones para evitar la segunda alerta de género
La propuesta presentada para la despenalización del aborto en Veracruz, en julio pasado, constituía una respuesta a las recomendaciones elaboradas por la CONAVIM , que de no ser implementadas generarían una segunda Alerta de Violencia de Género a las mujeres, en este caso por agravio comparado.
La iniciativa presentada contemplaba incluir la causal de riesgo para la salud de la mujer a las ya existentes en la entidad: violación, riesgo de muerte y conducta culposa de la mujer. Así mismo, planteaba que a quien practique un aborto o auxilie en su práctica, se le aplicarán en libertad medidas específicas e integrales, con respeto a sus derechos humanos.
Si bien, no era una iniciativa que buscara la despenalización del aborto en Veracruz a libre demanda de las mujeres, constituía un avance para los derechos y la salud de las veracruzanas, quienes actualmente no pueden ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.
Ante este panorama, es inminente que se declare la alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado. Lo cual resulta una pena y genera indignación el comprobar que los intereses políticos están por encima del compromiso de los gobernantes con los derechos de las mujeres.
El rechazo a la iniciativa vulnera los derechos de las mujeres
Para las organizaciones civiles de Veracruz los legisladores borraron de un plumazo la posibilidad de contribuir al ejercicio de los derechos de las mujeres. Con la actual legislación del aborto en Veracruz, las mujeres que buscan interrumpir un embarazo, deben someterse a abortos inseguros que ponen en riesgo su salud e incluso su vida.
Si bien, de acuerdo a asociaciones civiles, 389 veracruzanas han optado por ir a la Ciudad de México a abortar desde abril del 2007. Esta solución solamente está disponible para algunas, pues las más pobres, no cuentan con los recursos económicos para trasladarse a esta entidad y cubrir la interrupción de un embarazo.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio el escenario para las mujeres en Veracruz resulta desolador. La falta de compromiso con el estado de alerta por la violencia de género en la entidad ha generado un clima muy inseguro para las mujeres.
Entre enero y agosto del 2017 se contabilizaron 169 asesinatos de mujeres de los cuales 118 reúnen las características para ser considerados como feminicidios.
El gobierno estatal, en sus tres poderes, se rasgan las vestiduras defendiendo la vida, pero ante la realidad donde las mujeres están siendo asesinadas, donde se están muriendo por falta de acceso a la salud no dicen nada. No hay congruencia, hay una completa amoralidad”, concluyó Rodolfo Domínguez del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio.
El rechazo a la iniciativa, es una prueba más de que los intereses políticos y los nexos con la iglesia y empresarios son preponderantes para la toma de decisiones en el congreso. Resulta indignante que los gobernantes no asuman como prioridad legislar a favor de los derechos humanos y la seguridad de su población.
