Después de una aprobación muy ajustada en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina llegó al Senado, donde se llevarán a cabo una serie de debates para definir si tiene o no futuro para convertirse en ley.
El pasado 14 de junio la Cámara de Diputados aprobó, en un momento histórico, el proyecto de ley que despenaliza el aborto en Argentina. Esta ley le otorgaría a las adolescentes y mujeres argentinas el derecho a poder interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación en cualquier hospital público de esa nación.
El Senado inició hoy, 3 de julio, las discusiones en comisiones del proyecto de ley para legalizar la interrupción del embarazo, el cual ya fue aprobado por los diputados y que ahora la Cámara Alta debatirá el próximo miércoles 8 de agosto.
El proceso de tratamiento de este proyecto de ley se llevó a cabo en tres comisiones: Salud (la principal), Justicia y Asuntos Penales, así como Asuntos Constitucionales, ya que las tres tienen que revisar el asunto de forma conjunta.
Los senadores y senadoras de estas 3 comisiones deberán debatir desde hoy hasta el próximo 1 de agosto este proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. En este tiempo cada comisión deberá emitir dictámenes sobre los 24 artículos que llegaron de la Cámara de Diputados, así como sus posiciones a favor, en contra o proponiendo reformas sobre el proyecto de ley.
Una vez que se voten los dictámenes se deberá llevar al Senado a debatir, lo cual ocurrirá el 8 de agosto. Si se aprueba en esta Cámara, el proyecto deberá pasar por el presidente para que se apruebe y se convierta en ley. Si el Senado decide hacerle cambios al proyecto, entonces deberá regresar a la Cámara de Diputados. Si lo rechazan, entonces el proyecto se archivaría y el proceso tendría que volver a comenzar en 2019.
La reacción de la población argentina ante este proyecto de ley
Como era de esperarse, las discusiones de hoy provocaron la aparición de activistas favor y en contra del aborto frente al Congreso.
Con pañuelos verdes alrededor del cuello, los proabortistas han pedido la legalización de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), argumentando que el aborto, ya sea legal o clandestino, existe en ese y en todos los países, pero si se despenaliza no solo se reducen las muertes entre las mujeres, sino que también disminuye el número de abortos que se llevan a cabo. “La marea verde”, como se les ha llamado, solicitan a sus gobernantes que en lugar de que se les castigue, se les proteja y puedan actuar dentro de la ley.
Por su parte, quienes se oponen a la legalización del aborto han salido a las calles con pañuelos celestes y banderas de Argentina, pues aseguran que son un movimiento nacional. La mayoría de las personas antiaborto pertenecen a organizaciones provida, quienes con la consigna “salvemos dos vidas”, han intentado frenar la legalización del aborto, incluso hasta las 14 semanas de gestación o en los casos de violación.
¿Cuál sería el cambio en la ley si se aprueba la despenalización?
En Argentina es ilegal que las adolescentes y mujeres interrumpan sus embarazos en cualquier etapa de la gestación, únicamente se permite cuando es fruto de una violación o cuando se pone en riesgo la vida y salud de la madre, aunque ni siquiera en estos casos se cumple al 100% la ley en todas las provincias del país.
Los doctores que realicen un aborto pueden sufrir la misma pena de cárcel —hasta 4 años sin libertad— que las mujeres que den su consentimiento para hacerse este procedimiento.
El proyecto de ley propone despenalizar la práctica del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, además de poder abortar libremente en caso de abuso sexual, cuando está en riesgo su vida o incluso cuando se diagnostica la inviabilidad de la vida extrauterina del feto.
Uno de los temas que más polémica ha generado es que el proyecto de ley contempla el derecho a la objeción de conciencia de los médicos de forma individual siempre y cuando se inscriban previamente en un registro, pero establece que los centros de salud públicos y privados tendrán que garantizar la práctica.
La objeción de conciencia es, básicamente, que los médicos se resistan a realizar el aborto, ya sea por motivos religiosos o personales, pero también influye el miedo a posibles conflictos judiciales, cuestionamientos éticos o represalias de parte de las parejas o padres de las mujeres que abortan.
La iniciativa de despenalización establece que el aborto debe practicarse desde su requerimiento en un plazo máximo de cinco días seguidos. Los establecimientos de salud o los profesionales que se nieguen a practicarlo o lo obstaculicen se pueden enfrentar a un periodo de cárcel de tres meses a un año.
