Activistas solicitan medidas a los gobiernos para proteger los derechos sexuales y reproductivos, ya que actualmente no son defendidos en las políticas públicas, además de permitir la represión contra quienes intentan defenderlos.
Amnistía Internacional, reclama a los Gobiernos una serie de medidas necesarias y urgentes, para que cesen las agresiones, amenazas y difamaciones que recaen sobre las promotoras de derechos sexuales y reproductivos, cuando éstos no son reconocidos como derechos humanos.
En el informe “¡DEFENSORAS BAJO ATAQUE! PROMOVIENDO LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LAS AMÉRICAS”, presentado recientemente por esta organización para hacer la denuncia, llaman la atención especialmente a México, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Uruguay, donde hay mayor número de víctimas de amenazas y campañas de difamación, cada vez más agresivas.
Ariadna Tovar, investigadora de AI, aseguró que todos los Estados están fallando en proteger a las defensoras que promueven el uso de anticonceptivos, tratamientos para personas con VIH/Sida o un parto humanitario, derechos que en muchos países siguen siendo tabú, lo que las hace víctimas de discriminación.
En la investigación queda reflejado el estigma y las agresiones verbales a las que son sometidas las defensoras de estos derechos cuando intentan hacer su trabajo. “Traidoras”, “nazis”, “mareras” y “terroristas”, son los calificativos que utilizan los grupos que intentan reprimirlas.
Son muchos los casos repartidos por América Central donde se concentran más estos ataques:
La integrante de Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva en Yucatán (México), Sandra Peniche, representa uno de estos casos. Esta trabajadora asegura que el hecho de tener más experiencia o ser defensora joven agrava el odio y los ataques.
A partir del 2009, cuenta cómo vivió algunos episodios en los que vulneraron su honor por parte del Gobierno de Yucatán y otros grupos extremistas, quienes la amenazaron de muerte por crear un espacio en el cual se discutía sobre la reforma legal del aborto.
De acuerdo con un estudio realizado por expertas integrantes de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, durante el periodo 2012-2014, en México es donde reciben mayor número de agresiones las activistas que trabajan por una vida sin violencia.
Cabe señalar al respecto, que estas mujeres no denuncian porque sus quejas van a “saco roto”, sino que la justicia y el Estado les da la espalda, lo que significa que dejan impune a quienes les gusta infringir violencia mientras se criminaliza la libertad de decidir.
La misma Ariadna Tovar de AI, asegura que allá donde la legislación presume de ser avanzada en materia de salud sexual y reproductiva, como es el ejemplo de Uruguay, es donde mayor boicot se comprueba, al trabajo de las educadoras. En este estado, activistas de la organización Mujer y Salud fueron insultadas como asesinas y narcotraficantes.
Otro ejemplo investigado ha sido en Perú, donde la Directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) fue denunciada por terrorismo y apología del aborto por el hecho de escribir un libro sobre el Misoprostol, uno de los medicamentos que se utilizan en las clínicas ginecológicas y centros de salud para la interrupción legal y segura del embarazo.
Mientras, en El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto explican a su vez la estigmatización impuesta que comenzó en el año 2014 y sigue a día de hoy, por el hecho de brindar asesoría legal a 17 mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y fueron condenadas por delito de homicidio.
Además, por hablar de la despenalización del aborto, a las activistas de esta organización se les calificó de terroristas, de traficar órganos humanos y de delincuentes a través de los medios de comunicación. Finalmente, la administración rechazó el recurso interpuesto por sufrir estas agresiones.
