En México el aborto es legal por diversas causas, pero en 29 de las 32 entidades se ejerce el castigo por aborto a las mujeres que lo realicen con penas de cárcel, multas económicas, trabajos a la comunidad o terapia psicológica.
De acuerdo con los datos aportados por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), las mujeres que deciden ejercer la interrupción legal del embarazo reciben penas de cárcel en 29 estados, en 13 multas económicas y en 6 estados tratamiento médico.
En cada uno de los estados existen penas distintas: la más alta es impuesta por el Código Penal de Sonora, donde el castigo por aborto puede ser de hasta seis años de cárcel. Sin embargo, en el DF es legal y libre abortar hasta las 12 semanas de embarazo. En otros estados como Chiapas, Veracruz y Michoacán se puede interrumpir el embarazo bajo determinados supuestos, pero no es una decisión totalmente libre.
En Veracruz se castigaba el aborto con penas de cárcel, pero en 2009 se aprobó una reforma para reducir las penas, eliminar la cárcel y sustituirla por tratamiento psicológico. Aún así, se sigue castigando de seis meses a dos años de prisión a aquella persona que asista o ayude a realizar un aborto.
GIRE y otras organizaciones civiles que defienden los derechos reproductivos de la mujer afirman que la criminalización que se ejerce contra el aborto sigue provocando denuncias contra las mujeres, a pesar de que sí existen causales que permiten interrumpir el embarazo sin que se ejerza castigo por aborto. A partir de que en 2008 dieciséis congresos estatales modificaron su constitución para defender “el derecho a la vida desde la concepción”, las denuncias hacia la mujer que ejerce la interrupción legal del embarazo han ido en aumento.
Ante ciertas excepciones se permite abortar
A pesar de la criminalización y el castigo por aborto que se ejerce en algunos estados, las 32 entidades permiten el aborto si es producido por violación sexual; 23 por peligro de muerte de la mujer; 16 por malformaciones del feto; 14 por razones de salud; 12 por inseminación artificial no consentida; 2 por razones económicas y sólo la Ciudad de México por decisión libre de la propia mujer.
En función de esta diversidad en relación con las leyes que hacen referencia al aborto en los distintos estados, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer recomendó al Estado mexicano armonizar las leyes para eliminar todos los obstáculos existentes que tienen que pasar aquellas mujeres que deseen interrumpir su embarazo de forma legal.
En el año 2015 se sumaron otras 15 mujeres que ingresaron en prisión y recibieron castigo por aborto: dos en SLP, tres en Tlaxcala, cinco en Jalisco y en Baja California, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Yucatán fue encarcelada una mujer por cada estado, todas ellas acusadas de ejercer el aborto.
Incluso mujeres que defienden los derechos femeninos como el Centro “Las Libres” han detectado que hasta mujeres que sufrían un aborto espontáneo eran acusadas y juzgadas por homicidio.
Aún existe un debate muy controvertido en relación a la interrupción legal del embarazo, muchas trabas para descriminalizarlo y un gran estigma para aquellas mujeres que deciden llevarlo a cabo. Éste debería de ser un derecho universal de la mujer. Castigarlo es ir en contra de los derechos humanos y supone una violación del derecho de decisión sobre el propio cuerpo de la mujer.
