Muy pocos fueron los avances, desde que las activistas empezaron a pedir el derecho al aborto. Los escasos logros no fueron por desacierto de ellas, sino por frenos de sectores conservadores, como en el resto de los países de la región. En Argentina, este grito por la legalización del aborto se organizó en 2005, a través de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Pese al clamor militante, la gran deuda de las casi tres décadas de democracia argentina es la masacre a goteo de las mujeres que anualmente mueren en el país por abortos clandestinos.
Un año atrás, el Congreso argentino iniciaba la discusión de una ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Pero el proyecto se durmió en el silencio de casi la totalidad de quienes integran el poder público. Una mudez que poco tiene de ingenua, pero sí mucho de molestia urticante.
En respuesta a esta situación, el primero de noviembre organizaciones sociales se movilizaron en una marcha para reclamar al Congreso de la Nación que se debata el proyecto presentado por una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito.
Horas antes de marchar y por iniciativa de una legisladora, en el interior del Congreso Nacional se realizó una reunión de trabajo en la que se consensuó un plan de trabajo para avanzar en el tratamiento y la posterior aprobación del proyecto de ley presentado.
La reunión fue convocada por la diputada Victoria Donda, del Frente Amplio y Progresista, y participaron en representación de Amnistía Internacional, Marianne Mollman, Señor Policy Adviser del Law and Policy Programme de Amnistía Internacional, y Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Argentina, junto a un grupo de legisladores y legisladoras de la Nación e integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito.
Al término del encuentro, la diputada Donda estimó que es necesario retomar el impulso y debatir la ley de IVE, porque «la democracia Argentina le debe a las mujeres este derecho y nuestro país ha asumido, desde hace casi una década, compromisos internacionales que obligan a moverse hacia una legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En clave de derechos humanos, esta es una deuda que debemos saldar de modo urgente», subrayó.
En Argentina hay 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo por año, lo que significa un aborto por minuto, según datos oficiales. Se estima que en el negocio de los abortos clandestinos se mueven al año alrededor 270.000 dólares aproximadamente, mientras que una mujer muere cada dos días por complicaciones derivadas de esa intervención y 80.000 ingresan a hospitales públicos por igual causa.
El tratamiento de esta ley es urgente, más perentorio aún en un país que acaba de aprobar una ley que brinda la valiosa posibilidad de votar a jóvenes de 16 años (hasta el momento este ejercicio de ciudadanía lo podían ejercer a partir de los 18 años); sin embargo, no brinda a las jóvenes -ni a ninguna mujer- la plena posibilidad de decidir sobre sus cuerpos. (
Fuente: SEMlac
