En México la NOM 046 indica que las mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan sufrido una violación y resultado embarazada pueden acudir a cualquier centro de salud público para realizarse una ILE sin la necesidad de denunciar ante el Ministerio Público. Sin embargo, el acceso al aborto por violación en niñas aún se sigue condicionando, las autoridades ponen obstáculos y se criminaliza y pone en riesgo a las víctimas.
En noviembre, el Grupo de Información en Reproducción Asistida GIRE presentó su informe “Violencia sin interrupción” sobre el acceso de niñas menores de 15 años al aborto en caso de violación.
40 por ciento de las víctimas de delitos sexuales son menores de 15 años
En dicho informe GIRE refiere que en México cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales, entre los cuales 9 de cada 10 víctimas son mujeres y 4 de cada 10 tienen menos de 15 años de edad. Así mismo revelan, que el 60 por ciento de los agresores son familiares o personas conocidas.
Según el informe de 2009 a junio del 2016, 28252 niñas menores de 15 años denunciaron haber sido víctimas de violación sexual y solo al 8.5% se le ofreció anticoncepción de emergencia.
La NOM046 de Salud asegura que el aborto por violación en niñas debe realizarse sin obstáculos
La NOM046 de la Secretaría de Salud regula los criterios para la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres. En su última reforma, en marzo de este año, indica que en caso de violación, mujeres y niñas mayores de 12 años que hayan resultado embarazadas, podrán acceder a los servicios de interrupción del embarazo en cualquier centro de salud público.
En estos casos, el personal de salud no deberá requerir haber realizado una denuncia, autorización de alguna autoridad o consentimiento del padre, madre o tutor. Sin embargo, la realidad es que existen un gran número de obstáculos para acceder al aborto por violación en niñas.
En los códigos penales y de salud locales existen trabas para que las mujeres accedan a una interrupción legal del embarazo en estos casos: 8 entidades exigen un permiso de las autoridades para llevarlo a cabo, 12 dan un plazo para poderlo hacer y otra docena de entidades exigen una demanda previa.
Según cifras oficiales, de 2009 al 30 de junio de 2016, las autoridades han recibido 70 mil 630 denuncias por violación en procuradurías locales y PGR. Sin embargo, el número de procedimientos de aborto por violación en dependencias de salud de gobierno local y federales fue solamente de 61.
Obstaculizar el acceso a aborto por violación en niñas viola sistemáticamente sus derechos humanos
Tal como señaló GIRE el aborto por violación en niñas se sigue condicionando, lo cual es contrario a la Ley General de Víctimas. El acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las víctimas de violación se ve vulnerado a pesar de estar protegidos en marcos legales internacionales y nacionales. Esto sucede por el desconocimiento del marco normativo que tiene el personal médico y que se hace visible al ejercer su profesión.
En muchos casos, el personal médico considera que la interrupción del embarazo en niñas y mujeres es un delito y se niegan a practicarlo. Esta decisión obstaculiza el ejercicio de derechos de las mujeres además de constituir una infracción a la ley.
Forzar a una niña a convertirse en madre es una violación a sus derechos y tiene consecuencias graves para su vida, pues trunca su proyecto vital y tiene repercusiones sociales y económicas que en muchas ocasiones limitan el pleno desarrollo de la madre y su hijo/a.
Por lo tanto, el GIRE aseguró que es urgente que los Estados cumplan su compromiso para proteger los derechos humanos de las niñas víctimas de violencia sexual de manera integral. Esto incluye acceso al aborto en por violación en niñas y también el acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva.
