En Nicaragua, como en toda la región centroamericana, el aborto es ilegal. Quizás eso no es de extrañarse en un país en extremo conservador, sin embargo no deja de ser alarmante para la comunidad internacional que el aborto inducido, en condiciones inseguras, sea la tercera o cuarta causa de mortalidad materna en ese país.
Las cifras sobre la población joven, sexualmente activa, no difieren demasiado del resto de los países centroamericanos, no obstante, el cariz ultraconservador de la política pública nicaragüense hace proclive que situaciones desesperantes, como un embarazo no deseado o consecuencia de una violación; un embarazo que pone en riesgo la vida de la madre o el ser humano por nacer presenta alguna malformación que mermará su vida, se conviertan en inenarrables, pues desde 2009, en este país se aprobaron políticas que prohíben y sancionan cualquier tipo de aborto. El aborto terapéutico es legal en toda la región, por obvias razones. En alarmante retroceso en política pública, derechos humanos y derechos de la mujer, producto de lo que parece ser una lucha de partidos políticos. Un acto de lesa humanidad.
Desde 2006, en que se buscó reformar la figura del aborto terapéutico en el código penal nicaragüense como parte de la propaganda electoral; y mediados de 2009, en el que Amnistía Internacional ya contaba con cifras claras de cuántas mujeres y niñas han sido procesadas por abortos que ponían en riesgo sus vidas o incluso involuntarios.
En este 2011 de comicios en Nicaragua, las voces, el clamor en contra se unen para lograr la derogación de leyes cuyas consecuencias, sobre la población en desventaja de ese país, de no ser lo suficientemente urgentes hoy mismo, solo lograrán obstaculizar cualquier noción de progreso en ese país. La legalización del aborto (entendido como un derecho inalienable de cada mujer) parece un sueño, la ilegalización del aborto terapéutico en Nicaragua es por mucho una pesadilla; un acto de lesa humanidad.
