El pasado 16 de junio fue puesta en libertad la indígena nahua Reyna Panzo Panzo, quien estuvo 11 años presa por aborto espontáneo. La mujer fue condenada a 35 años de prisión por el delito de homicidio doloso y fue puesta en libertad por falta de pruebas.
Reyna Panzo Panzo, fue acusada por la familia de su esposo de homicidio agravado, esto luego de sufrir una emergencia obstétrica fortuita. Una madrugada de 2006, en la comunidad de Tzacuala municipio de Tehuipango, zona aislada con limitado acceso a servicios de salud, Reyna presentó una emergencia obstétrica durante el parto a la cual tuvo que hacer frente sola en su casa.
Su esposo había migrado por cuestiones económicas a los Estados Unidos tras el embarazo de Reyna. Después de la emergencia, la familia de su esposo la acusó de provocarse un aborto. Dado que en Veracruz, como en todos los estados a excepción de CDMX, existe una legislación punitiva del aborto. Reyna fue juzgada y sentenciada a 35 años de prisión, que posteriormente fueron reducidos a 20 tras una apelación.
La falta de acceso a servicios de salud la condenó a 11 años presa por aborto espontáneo
Reyna es indígena nahua del municipio de Tehuipando, una de tantas regiones aisladas del país donde la cobertura de servicios de salud es mínima. En el país las mujeres indígenas enfrentan mayores obstáculos para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así mismo tienen mayores dificultades para acceder a servicios de salud durante el embarazo, parto y postparto. Las comunidades no cuentan con equipo médico capaz de enfrentar una emergencia y muchas de ellas no pueden costear el traslado.
Además, la legislación en Veracruz prohíbe a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado interrumpirlo. En 2016, se realizó una modificación a su constitución en la que se protege la vida desde la concepción. Esto ha generado que se estigmatice el aborto y que en casos como este, se criminalice a mujeres que sufrieron un aborto espontáneo. Condenándolas en muchos casos a prisión por un delito que no cometieron.
Las condiciones de pobreza y marginación, así como de falta de acceso a servicios dignos de salud, sumadas a las restricciones para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas ponen a las mujeres indígenas y sus hijos en situaciones de mayor vulnerabilidad, en la que sus vidas son puestas en riesgo constantemente.
El proceso judicial violó los derechos de Reyna y de otras mujeres en la misma situación
Activistas de Equifonia, asociación civil que brindó acompañamiento a Reyna, aseguraron que hubo múltiples inconsistencias en el proceso que violaron sus derechos como mujer y como perteneciente a un pueblo indígena.
Por ejemplo, al ser ella hablante solo de la lengua náhuatl tenía derecho a la asistencia de un intérprete traductor a lo largo de todo el proceso, lo cual no sucedió. Tampoco se hicieron pruebas médicas periciales para determinar si el producto nació vivo o muerto, ni se aplicó la perspectiva de género a lo largo del proceso.
Según la asociación Equifonia, en Veracruz ha habido otros 14 casos de mujeres enjuiciadas por el delito de homicidio en razón de parentesco al sufrir abortos involuntarios. Al menos 8 de estas mujeres continúan presas.
No buscamos impunidad, buscamos justicia, considerando las condiciones en que están las mujeres. Todas son pobres, la mayoría indígenas, y en algunos casos hubo violencia sexual que no fue investigada. Aseguró Aracely González de Equifonia.
Hoy Reyna, tras pasar 11 años presa por aborto espontáneo, buscará rehacer su vida. Se ha reunido con sus tres hijos. En el penal aprendió a hablar español y encontró una nueva pareja. Ahora espera poder construir una nueva vida y olvidar la pesadilla que tuvo que atravesar.
